En los últimos dos años, el pueblo argentino enfrenta crecientes dificultades para trasladarse y cubrir gastos básicos a raíz de los fuertes incrementos en las tarifas de transporte y servicios esenciales, consecuencia directa de las políticas de desregulación y ajuste implementadas por el Gobierno de Javier Milei. Este escenario provocó una caída de entre el 12 % y el 18 % en la cantidad total de viajes, una muestra del impacto del aumento de precios en la vida cotidiana y en el presupuesto de los hogares.

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Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los pasajes de subte, tren y colectivo en Buenos Aires y otras áreas urbanas incrementaron entre 150% y 300% en términos reales, mientras que el uso de estos medios descendió a niveles inferiores a los registrados en 2023 y 2024.

El estudio indicó que, por ejemplo, un trabajador del sector privado destina hoy alrededor del 3% de su salario mensual al subte, frente a menos del 1% previo a la gestión actual.

Los viajes en colectivo y tren también registraron disminuciones significativas: entre 12% y 18% en los últimos dos años, lo que refleja el impacto directo de los incrementos en la movilidad diaria.

Los aumentos tarifarios se suman a un contexto de estancamiento salarial. El sector público nacional perdió más del 30% de poder adquisitivo, mientras que los salarios del sector privado permanecen casi sin variaciones desde finales de 2023, con una brecha creciente entre trabajadores de altos y bajos ingresos.

Además, otros servicios esenciales también muestran incrementos preocupantes: entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, las tarifas de gas natural subieron 913%, transporte 852%, agua 376% y electricidad 228%, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA/CONICET).

Durante el mismo período, los subsidios estatales disminuyeron un 64% respecto a enero de 2024 y 75% frente a los máximos de 2022, afectando sobre todo a los hogares de ingresos medios y bajos.

El panorama económico se completa con una caída en el consumo de bienes no durables, como alimentos y medicamentos, mientras crece la compra de bienes durables (autos, motos, inmuebles). Casi la mitad de las compras en supermercados se realizan con tarjeta de crédito, y la morosidad familiar alcanzó el 6,6%, el nivel más alto desde 2008.

Expertos advierten que los próximos meses podrían profundizar la presión sobre los hogares, debido al plan del gobierno de alcanzar un superávit fiscal del 1,6% del PBI, que implicará recortes en subsidios, salarios e inversión pública, y nuevas subas tarifarias en electricidad, agua, transporte y combustibles.

Datos oficiales evidencian que en el último año se destruyeron más de 200.000 puestos de trabajo registrados, mientras cerca de 300.000 trabajadores del sector privado solicitaron el seguro de desempleo entre noviembre de 2023 y la actualidad, tras haber sido despedidos sin causa. El porcentaje de desvinculaciones injustificadas alcanzó el 16% del total, el nivel más alto del último año.

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La situación del mercado laboral se complejiza aún más por el crecimiento del empleo informal, que alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, el valor más elevado en 17 años, de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. A ello se suma un incremento en la cantidad de personas que buscan trabajos adicionales o mayores horas laborales: la ocupación demandante pasó del 16% al 17,1%, reflejo de que el salario promedio resulta insuficiente para cubrir los gastos básicos.

El supuesto “éxito” del plan económico del Gobierno para frenar la inflación se sostiene en un fuerte ajuste sobre los ingresos de los trabajadores. Los acuerdos paritarios registraron el ritmo más bajo de los últimos cinco años, según el INDEC. Los salarios del sector privado permanecen estancados en niveles similares a los de fines de 2023, mientras que los del sector público nacional perdieron alrededor del 32% de su poder adquisitivo.

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